BUENAVENTURA
FOTOGRAFÍA
Edu León
TEXTO
Patricia Simón
La realidad demostró que resultó ser todo lo contrario. La construcción de la estructura faraónica y la llegada de los buques internacionales agravó la situación en todos los sentidos: cientos de familias fueron expulsadas de sus casas -palafitos construidos a orillas del mar donde vivían y pescaban– y trasladadas forzosamente a barrios aislados sin servicios básicos; la ruta de la coca se desvió hacia este macropuerto, uno de los mayores de América Latina, y por el que se mueve más del 40% del comercio internacional colombiano, además de la droga que se consume en Estados Unidos y Europa; los grupos armados paramilitares, del narcotráfico y las guerrillas agravaron la crueldad empleada para mantener el control calle a calle, imponiendo sangrientas fronteras entre los barrios de una urbe de más de 400.000 habitantes, más del 90% afrodesciendentes.
La militarización de la ciudad se dió en el 2014 en pleno auge de asesinatos, Hoy en día todavía patrullan la ciudad para controlar la violencia.
El temor del Gobierno a que se viesen afectados los intereses de las empresas transnacionales que operan en el puerto de Buenaventura lo forzó a negociar. Los acuerdos alcanzados por el Paro Cívico de Buenaventura incluyeron el compromiso estatal a garantizar el acceso al agua potable, a la educación pública y la construcción de un hospital. Siguen sin cumplirse, pero uno de los líderes del paro, Víctor Vidal, se convertiría en 2020 en alcalde de Buenaventura y conformó un gobierno acompañado de personas defensoras de derechos humanos. En este tiempo, entidades como los palenques se han volcado en trabajar para construir la paz desde sus propios barrios e, incluso, a dialogar con muchos de los miembros de los grupos armados porque como dicen algunas de las personas defensoras implicadas en el tejido asociativo, “el enemigo, el violador, el asesino ya no es alguien que vino de fuera, sino nuestros propios primos, vecinos, hermanos”.
Muchos de los barrios de Buenaventura, como el de Las Palmas que aparece en la foto, están ubicados cerca de los esteros. Y, sin embargo, no tienen acceso a agua potable y carecen de alcantarillado. Para entrar en estos barrios, hay que pedir permiso a las bandas que los controlan
En algunas casetas del muelle civil de Buenaventura venden gasolina a las barcas de transporte de personas y a los pescadores. Los periodistas con cámaras no son muy bien recibidos allí porque es zona de tráfico de drogas
Unos jóvenes disfrutan de un baño en el estero. Muchos jóvenes de esta edad son reclutados por los distintos grupos armados
Un hombre recoge chatarra en los vertederos de la Comuna 1.
Hay otra lucha que les mantiene en vilo: la que sostienen para que no se produzca el dragado del Estero de San Antonio destinado a ampliar el puerto. En esa zona se encuentran los restos de muchas de las casi 900 personas desaparecidas que hay registradas oficialmente en esta ciudad.
La Asociación NOMADESC y la Fundación Nydia Erika Bautista, entre otras organizaciones de derechos humanos, lograron que se otorgaran medidas cautelares que paralizaron el dragado del estero hasta que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas pueda recuperar los restos de las personas desaparecidas. Las dificultades técnicas de que estén enterrados en estas “acuafosas”, junto con las presiones empresariales y de algunos sectores políticos para continuar con las obras de expansión portuaria, ponen en jaque esta decidida apuesta por la memoria, la verdad y las garantías de no repetición exigidas por la comunidad de Buenaventura.
