LA CIÉNAGA - Todas somos defensoras

Ellas hicieron todo lo que las leyes, el Estado y la comunidad internacional les dijeron que tenían que hacer para acceder al más básico de los derechos: tener un lugar en el que vivir, en el que poder cultivar para comer, en el que criar a sus hijos e hijas con un mínimo de seguridad.

Desde la huida, las mujeres de viven repartidas en la ciudad de Ciénaga y sus alrededores.

En 1996, cien mujeres campesinas se unieron y fundaron la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (ASOMUPROCA) para acogerse a una ley recién aprobada que les garantizaba un terreno por primera vez. Cuando llegaron al predio que les adjudicó el Gobierno, se encontraron que el recurrente uso de químicos para la producción de banano lo había dejado yermo. Además, estaba ocupado por paramilitares y guerrilleros que mantenían continuos enfrentamientos. Y por si no fuera suficiente, el ganado que le habían entregado a crédito se moría, hiciesen lo que hiciesen.

Cuando reclamaron a las instituciones responsables que esa finca no cumplía las condiciones mínimas, que les habían colocado en medio de un campo de batalla y que les cancelaran el crédito que habían asumido por el valor de una parte de la tierra y el ganado, comenzaron los asesinatos y las desapariciones de algunos de sus miembros de la asociación, incluida su presidenta, Luisa Celedón, y sus compañeras Dora Camacho, Graciela Ibañez y su esposo, y el hijo de Míriam Beriño. Para entonces, algunas mujeres ya habían sufrido violencia sexual por parte de paramilitares y guerrilleros. No les quedó otro remedio que huir para poner sus vidas a salvo y quedarse de nuevo sin tierras.

“Ahí lo perdimos todo. El alambre que habíamos echado para cerrar la finca, lo que habíamos sembrado, las herramientas que habíamos empleado para abrir monte. Todo lo que teníamos, ahí se quedó”.
Así resume el éxodo desesperado Mazbelú Palmer, una de las integrantes de ASOMUPROCA.

El sentimiento común de las mujeres desplazadas es el de haber sido encerradas en una jaula sin poder regresar a sus tierras.

MIRIAM

Pero lejos de amilanarse, las mujeres se unieron más para exigir al Estado que cumpliera con su deber. Se aliaron con la Asociación Colectivo Mujeres al Derecho (COLEMAD), un grupo de jóvenes abogadas feministas de la Región Caribe colombiana que defiende los derechos de las mujeres rurales desde los territorios alejados del poder. Con su apoyo jurídico llevaron a Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los tribunales nacionales. Mientras, seguían matando a algunas de sus compañeras, de sus esposos e hijos; seguían hostigándolas y amenazándolas en persona y por teléfono, mientras sobrevivían a la condena de vivir sin tierra y en la pobreza. Pero, finalmente, la justicia les ha dado la razón.

Los actos simbólicos de reparación emocional por parte de las mujeres de la Ciénaga, formaron parte de un trabajo fotográfico en el que ellas simbolizador su dolor y sanación.

Dolores Borja y Eseneth Granados han estado luchando por la restitución de sus tierras durante casi 30 años.

La desplazada Edilma Ramírez se ha unido a la asociación ASOMUPROCA, que está luchando por la recuperación de su granja.

Mujeres de la asociación ASOMUPROCA, se entierran en la arena como símbolo de su sentirse enterradas en vida, sin poder recuperar sus tierras.

Entrelazadas con un cordón rojo y con velas en señal de duelo por las compaeras perdidas en los 30 más de 30 años de espera de la restitución de sus tierras, las mujeres del salado simbolizan su lucha.

Tras ocho años de litigio, una magistrada valiente del Tribunal Superior de Cartagena dictó una sentencia que obliga al Estado colombiano a garantizarles la restitución colectiva de tierras. Una sentencia histórica que abre el camino a una justicia con enfoque de género en Colombia.

MAZBELÚ PALMERA

La unión de las mujeres está construyendo una nueva voz en Colombia, en la busqueda continua de reparación, justicia y restitución del conflicto armado.

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