GUATEMALA



Guatemala vive una crisis de derechos humanos. El avance extractivista sin consulta vulnera derechos colectivos y amenaza la vida de comunidades enteras. Frente al despojo, pueblos organizados resisten por su tierra, su cultura y su dignidad.

Guatemala arrastra una profunda desigualdad en la tenencia de la tierra, originada en la colonia y perpetuada por siglos. Grandes extensiones pasaron a manos de los conquistadores, la Iglesia y las élites criollas, despojando a los pueblos originarios de sus territorios. Desde entonces, los conflictos agrarios han sido constantes, agudizándose durante el conflicto armado interno (1960-1996), cuando muchas comunidades fueron desplazadas con violencia, en parte por habitar tierras codiciadas por intereses económicos. Los Acuerdos de Paz de 1996 reconocieron la necesidad de abordar la cuestión agraria y garantizar derechos sobre tierras ancestrales, pero su aplicación fue débil. Hoy, Guatemala mantiene una de las estructuras agrarias más desiguales de América Latina. Muchas comunidades siguen sin certeza legal sobre sus tierras, y persisten cientos de disputas territoriales no resueltas que reflejan la deuda histórica del Estado con los pueblos que habitan y cuidan estos territorios.

Guatemala enfrenta una creciente conflictividad socioambiental. El auge de megaproyectos extractivos —minería, hidroeléctricas, monocultivos— se impone en territorios habitados por comunidades indígenas y campesinas, muchas veces sin consulta previa, libre e informada, como exige el Convenio 169 de la OIT. Actualmente, el país registra cerca de 400 proyectos extractivos, de los cuales al menos 390 cuentan con licencia oficial: 345 mineros, unas 36 hidroeléctricas y 9 petroleros. A esto se suma la expansión de monocultivos industriales como la caña de azúcar y la palma africana, que, sin estar sujetos a los mismos controles, ocupan más de 350 mil hectáreas. Muchas de estas plantaciones operan sin consulta ni evaluación ambiental, y su impacto equivale al de proyectos extractivos tradicionales.

La expansión de este modelo ha ido acompañada de una fuerte resistencia comunitaria y, en respuesta, de represión, persecución y criminalización. El Estado ha intentado reglamentar la consulta de forma unilateral, excluyendo a los pueblos indígenas de una participación real. En la práctica, muchas minas, hidroeléctricas y monocultivos comienzan a operar sin diálogo alguno. Cuando las comunidades protestan, enfrentan estigmatización, amenazas y procesos judiciales fabricados. De hecho, según el informe «Voces silenciadas» de Global Witness, en 2023 se registraron al menos 4 asesinatos de personas defensoras ambientales en el país.

La falta de certeza jurídica sobre la tierra agrava esta situación. Comunidades enteras viven en desprotección legal, lo que facilita desalojos forzosos, a menudo ejecutados con violencia por fuerzas estatales al servicio de intereses privados. Este patrón se repite en distintas regiones del país. Sin embargo, los impactos no son solo sociales: Guatemala atraviesa un acelerado proceso de deforestación, degradación de ecosistemas y pérdida de fuentes de agua, lo que intensifica su vulnerabilidad climática.

La desprotección territorial en Guatemala no es solo una cuestión legal o económica: es una herida abierta que atraviesa cuerpos, memorias y generaciones. La desigualdad estructural en el acceso a la tierra se traduce en vidas desplazadas, ríos contaminados y culturas amenazadas. Los tres casos aquí presentados —Chinautla, Rabinal y el Valle del Polochic— revelan cómo el modelo extractivista, disfrazado de desarrollo, se impone sobre pueblos que durante siglos han cuidado esos territorios.

Santa Cruz de Chinautla

El basurero de Ciudad de Guatemala y los areneros que desplazan al pueblo Maya Poqomam

INICIAR VIAJE

Rabinal, Baja Verapaz

Las semillas de la memoria

INICIAR VIAJE

Lajeb Kej, Valle del Polochic

El desplazamiento de comunidades en Alta Verapaz, en Guatemala, frente a los intereses empresariales

INICIAR VIAJE

Santa Cruz de Chinautla

El basurero de Ciudad de Guatemala y los areneros que desplazan al pueblo Maya Poqomam

INICIAR VIAJE

Rabinal, Baja Verapaz

Las semillas de la memoria

INICIAR VIAJE

Lajeb Kej, Valle del Polochic

El desplazamiento de comunidades en Alta Verapaz, en Guatemala, frente a los intereses empresariales

INICIAR VIAJE

En Santa Cruz Chinautla, a escasos kilómetros de la capital, el pueblo Maya Poqomam resiste la contaminación masiva del río y el avance de empresas areneras que debilitan el suelo y fracturan viviendas. La basura de la ciudad, las aguas negras y la extracción sin control han convertido este río en un vertedero, afectando la salud, la economía local y la práctica de la alfarería, patrimonio cultural del pueblo. Las autoridades comunitarias denuncian la inanición del Estado, que empuja a la población al desplazamiento forzoso. La comunidad creó su Alcaldía Indígena en 2019 y lleva años de lucha pacífica para exigir el respeto a su territorio y el derecho a vivir en él.

A más de 180 kilómetros, en Rabinal, Baja Verapaz, las mujeres Maya Achí han transformado el dolor en una poderosa forma de resistencia. Qachuu Aloom, la organización que fundaron tras sobrevivir a las masacres del conflicto armado, ha recuperado más de 50 variedades de semillas nativas y promueve la agroecología como herramienta de sanación y autonomía. En estas tierras, arrasadas durante el conflicto armado e inundadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, el cultivo se volvió sinónimo de memoria. Mujeres como Berta Tecú y María Gómez rescatan no solo alimentos, sino también su lengua, sus trajes tradicionales y sus ceremonias, prohibidas durante décadas.

Más al norte, en el Valle del Polochic, la comunidad de Lajeb Kej representa la lucha de cientos de comunidades que viven bajo amenaza constante de desalojo. En esta región, rica en agua y biodiversidad, el avance de hidroeléctricas y fincas agroindustriales ha desatado una ola de desplazamientos forzados. Solo entre 2000 y 2024, al menos 45 comunidades acompañadas por la UVOC fueron desalojadas, y más de 160 siguen en disputa. En enero, más de 50 personas de Lajeb Kej fueron desalojadas por fuerzas policiales, que destruyeron viviendas y cultivos. Aunque el Registro de Información Catastral había iniciado un proceso de reconocimiento del territorio como propiedad comunitaria, las amenazas continúan.

Estos tres casos ilustran un mismo patrón: comunidades y pueblos empujados al margen por proyectos impuestos desde el poder económico, estatal y judicial. Sin consulta previa, sin protección real, sin acceso a la justicia. Y frente a todo ello, las comunidades levantan otras formas de vida a través de la organización comunitaria y el respeto a la vida.

Tras décadas de despojo y abandono estatal, las comunidades en Guatemala siguen defendiendo su territorio frente a un modelo económico que prioriza la explotación sobre la vida. En 2024, el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo firmó un Acuerdo Agrario con organizaciones campesinas históricas, generando esperanzas de cambio. Pero el avance es lento y Guatemala sigue atrapada entre un modelo económico extractivista y una deuda histórica con los pueblos indígenas. En este escenario, comunidades como las de Chinautla, Rabinal y Lajeb Kej luchan por su territorio, su cultura y su vida. Este webdoc busca dar voz a esas resistencias y tender puentes con otras luchas en la región, como la colombiana, donde también se defiende el derecho a vivir en paz en la propia tierra.